Nación colocó excedentes de fondos fiduciarios en títulos y crece el debate por la infraestructura

Durante los primeros dos años de la presidencia de Javier Milei, los fondos fiduciarios nacionales acumularon un superávit cercano a los US$3000 millones, en un escenario marcado por una fuerte reducción de la ejecución de determinados recursos y un crecimiento de las colocaciones en letras, títulos públicos y otros instrumentos financieros. Los números vuelven a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa directamente a las provincias: cómo compatibilizar el orden de las cuentas públicas con las inversiones necesarias para sostener el desarrollo.

Los datos disponibles indican que estos fondos registraron un superávit financiero de $1,86 billones durante 2024 y $1,23 billón en 2025, equivalentes a US$1978 millones y US$973 millones, respectivamente, según el tipo de cambio oficial promedio de cada período. Al mismo tiempo, durante 2024 se ejecutó el 55,8% de lo recaudado, mientras que en 2025 ese porcentaje ascendió al 69,5% y durante el primer trimestre de 2026 llegó al 69,7%.

En Neuquén, mientras tanto, la inversión aparece como una pieza central de la estrategia de crecimiento. La Provincia busca aprovechar el desarrollo de Vaca Muerta para transformar parte de esa riqueza en rutas, escuelas, infraestructura y herramientas como los créditos para acceder a la vivienda. La lógica apunta a consolidar un círculo en el que la actividad productiva genere recursos que vuelvan al territorio en nuevas condiciones para producir y vivir, con proyectos pensados más allá de un calendario electoral. En la capital provincial, la Municipalidad también sostiene una fuerte agenda de obras y desarrollo urbano con inversiones en distintos sectores de la ciudad.

Del excedente financiero al financiamiento del Tesoro

Una de las particularidades del esquema nacional está en el destino que recibieron los recursos que no fueron ejecutados. Una proporción importante pasó a letras del Tesoro, títulos públicos, plazos fijos y otros instrumentos financieros, convirtiéndose así en una fuente de financiamiento para el propio Estado nacional.

La colocación transitoria de fondos en instrumentos financieros no constituye por sí misma una irregularidad. Puede utilizarse, por ejemplo, para preservar recursos mientras se procesan las órdenes de pago. La discusión aparece cuando esos excedentes crecen mientras permanece pendiente una parte significativa de los objetivos específicos para los cuales fueron creados los fideicomisos.

La tendencia continuará durante 2026. Las previsiones presupuestarias contemplan alrededor de $1,33 billones en colocaciones financieras, equivalentes a unos US$880 millones, entre letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos.

Las estimaciones citadas en los informes analizados ubican el superávit acumulado entre 2024 y 2025 por encima de los US$3000 millones, mientras que para 2026 se proyectan otros US$956 millones. De cumplirse esa previsión, el resultado positivo de los fondos podría aproximarse a los US$4000 millones en tres años.

Actualmente existen 29 fideicomisos estatales, aunque buena parte de ellos atraviesa procesos de disolución o liquidación. Pese a ello, varios continúan percibiendo recursos.

Solamente durante el primer trimestre de 2026 registraron $161.312 millones de ingresos corrientes, frente a $54.154 millones de gastos corrientes y $55.505 millones en gastos de capital. El resultado fue un superávit financiero de $51.667 millones.

Fondos creados para infraestructura con baja ejecución

Uno de los casos que permite dimensionar el fenómeno es el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), originalmente creado para financiar infraestructura, servicios básicos y mejoras habitacionales en barrios populares.

Tras avanzar el Gobierno nacional con su disolución, una medida cautelar frenó el proceso. Sin embargo, los desembolsos se redujeron considerablemente y una parte importante de los recursos disponibles quedó distribuida entre letras del Tesoro, bonos, fondos comunes de inversión y cuentas bancarias.

La situación también alcanza a fideicomisos que continúan plenamente activos. Entre ellos aparecen el Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica, el destinado al consumo residencial de gas, el FOGAR, el Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento y el Fondo de Energías Renovables, entre otros.

Las previsiones presupuestarias muestran que el Estado nacional planificó colocar en instrumentos financieros montos importantes de los excedentes generados por estos mecanismos.

El Sistema de Infraestructura del Transporte constituye uno de los ejemplos más claros. Para 2026 se proyectaron $2,15 billones en gastos corrientes, $692.669 millones en gastos de capital y $751.481 millones en inversiones financieras.

Durante el primer trimestre, el sistema registró ingresos corrientes por $636.115 millones y una colocación financiera neta de aproximadamente $197.127 millones, equivalente a 2,7 veces los recursos destinados a obras durante ese mismo período.

El desafío de transformar recursos en infraestructura

Algo similar ocurrió con el Fondo de Infraestructura Hídrica. Entre enero de 2024 y marzo de 2026 recaudó $399.541 millones, mientras que los gastos alcanzaron los $99.761 millones. Esto significa que se utilizó alrededor del 25% de los recursos disponibles durante ese período.

Una parte del dinero restante terminó colocada en letras del Tesoro, depósitos y plazos fijos. Para 2026, el Presupuesto contempla un resultado financiero positivo de $83.175 millones, de los cuales unos $82.703 millones se destinarían a inversiones financieras.

La discusión adquiere especial relevancia cuando se observa la necesidad de infraestructura existente en distintos puntos del país. El equilibrio fiscal constituye una herramienta fundamental para ordenar las cuentas públicas, pero su sostenibilidad también depende de que la infraestructura necesaria para producir, circular y desarrollar nuevas actividades pueda acompañar el crecimiento económico.

En provincias con fuerte expansión productiva y demográfica, ese desafío se vuelve todavía más visible. Las rutas, los sistemas de agua y saneamiento, las escuelas, las viviendas y los corredores logísticos requieren inversiones que muchas veces deben planificarse con varios años de anticipación.

Neuquén ofrece actualmente un ejemplo de esa necesidad: el crecimiento de Vaca Muerta obliga a ampliar infraestructura prácticamente al mismo ritmo que aumenta la producción. De allí que la Provincia haya buscado distintos mecanismos para reinvertir recursos y sumar financiamiento para obras estratégicas, intentando que el crecimiento energético termine generando mejoras permanentes en el territorio.