Cambio de paradigma en la Justicia: revocaron el sobreseimiento de acusados por toma de tierras

Un Tribunal de Impugnación (T.I.) hizo lugar este lunes a un planteo de la querella particular —representada por el abogado Boris Bezoky, en nombre del municipio de Aluminé— y respaldado por la fiscalía, para revocar el sobreseimiento de los cinco imputados por la usurpación de un terreno municipal en Aluminé: P.I., N.L., M.W., A.W. y F.M. El tribunal ordenó reenviar la causa para que se realice una nueva audiencia de control de acusación ante otro juez o jueza de garantías. Los cinco imputados tienen presunción de inocencia y su situación procesal deberá resolverse en esa nueva instancia.

El sobreseimiento había sido dictado por la jueza de garantías Bibiana Ojeda. En la audiencia de impugnación, Bezoky presentó el recurso en representación del municipio y el fiscal Marcelo Jofré adhirió a los fundamentos, en apoyo a la continuidad de la acción penal. El tribunal —integrado por las juezas Florencia Martini y Liliana Deiub y el juez Federico Sommer— declaró inadmisible el recurso que había presentado por separado el Ministerio Público Fiscal, por una cuestión técnico-legal vinculada a que la escala penal del delito atribuido no supera los tres años de prisión, pero sí admitió el de la querella.

Al resolver sobre el fondo del planteo, los magistrados consideraron que la resolución de la jueza Ojeda fue autocontradictoria, porque clausuró el legajo sin analizar la prueba ni el fondo del asunto. Con la revocación, el MPF y la querella podrán volver a formular el pedido de apertura a juicio en la nueva audiencia.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 31 de mayo de 2025, después de las 14, en el predio municipal conocido como toma "31 de mayo", en Aluminé. Los cinco imputados habrían ingresado de manera subrepticia y clandestina, aprovechando la ausencia de custodia, y delimitado parcelas con postes, varillas, cintas de peligro, toldos y alambres, con el objetivo de despojar de la posesión al municipio. Se les atribuye la calificación de usurpación clandestina, en calidad de coautores.

Es al menos la segunda vez que un Tribunal de Impugnación interviene en esta causa: en octubre de 2025 ya había revocado el rechazo inicial de otra jueza de garantías a la formulación de cargos, lo que permitió que el MPF avanzara con la acusación contra los cinco ocupantes del predio.