Causa de los planes sociales en Neuquén: el Tribunal de Impugnación elevó las penas y sumó la asociación ilícita

El fiscal Juan Manuel Narváez explicó en Entre Líneas los alcances del cambio de calificación legal dispuesto por el Tribunal de Impugnación en la causa por corrupción con planes sociales en Neuquén, que tiene a 12 personas condenadas. La nueva resolución incorpora el delito de asociación ilícita y abre una nueva instancia para definir las penas.

Según explicó el investigador, la modificación tiene un impacto directo sobre las condenas. “El efecto es que elevan las penas. Cuando obtuvimos la primera resolución que quitaba la asociación ilícita, solo pudimos llegar entre 2 a 6 años por los otros delitos que quedaban”, señaló.

Ahora deberá realizarse una nueva audiencia de cesura, en la que se determinarán las penas correspondientes a partir de la nueva calificación. Con la incorporación de la asociación ilícita, el fiscal manifestó que las condenas podrían ubicarse entre 3 y 10 años de prisión, mientras que para los jefes el mínimo punible serían cinco años.

La primera resolución quedará sin efecto en cuanto a la determinación de las penas y se abrirá una nueva instancia para analizar la situación de cada condenado. Además, las defensas tendrán la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

Qué implica la asociación ilícita en la causa

El fiscal Narváez aseguró que existió una estructura organizada, con diferentes roles y funciones para concretar las maniobras investigadas. “Había una estructura ya montada, se desplegó durante mucho tiempo y había un acuerdo entre todas las partes para llevar a cabo estas conductas delictivas”, sostuvo en AM Cumbre 1400.

De acuerdo con la acusación, algunos integrantes tenían funciones vinculadas con el retiro de dinero, el cobro de cheques y otras tareas, mientras que los fondos posteriormente llegaban a las cabezas más importantes de la organización ilícitas.

Uno de los puntos que podría generar consecuencias en las próximas etapas es el cumplimiento de las penas. Algunos de los condenados habían recibido prisión condicional o domiciliaria. Sin embargo, con las nuevas escalas penales, el fiscal consideró que los considerados jefes podrían enfrentar prisión efectiva.

El destino del dinero de los planes sociales

Otro de los interrogantes centrales de la investigación está relacionado con el destino de los fondos. Juan Manuel Narváez reconoció en Entre Líneas que la Fiscalía no logró acreditar que todo el dinero sustraído haya terminado directamente en el patrimonio particular de determinados imputados.

El fiscal señaló que se detectaron incrementos patrimoniales que consideraron inconsistentes con los ingresos declarados, como la adquisición de automóviles y la construcción de viviendas. Sin embargo, el tribunal entendió que no pudo establecerse una vinculación directa entre esos bienes y el dinero proveniente del delito.

“Cierto dinero se iba para el beneficio propio y para mantener esta estructura dentro del partido político”, afirmó Narváez, quien remarcó que el manejo de dinero en efectivo dificultó la reconstrucción del recorrido presentada ante la Justicia.