Toma de terrenos en Neuquén: ocupantes se instalaron con carpas y la Justicia ordenó el desalojo

Una ocupación organizada de un terreno privado en el noroeste de Neuquén desató una fuerte controversia y ya tiene una respuesta concreta de la Justicia: el predio deberá ser desalojado y restituido a su propietario. Alrededor de un centenar de personas ingresaron al inmueble ubicado sobre Pedro Genco al 6500, entre Los Hornitos y El Hipódromo, levantaron unas 25 carpas y comenzaron incluso a distribuir sectores del terreno entre los ocupantes.

El episodio adquiere todavía mayor dimensión por lo que estaba previsto para ese lugar. En el predio estaba por comenzar un proyecto habitacional de 240 viviendas o módulos multifamiliares y 10 dúplex, y durante esa misma jornada se estaban realizando cierres vinculados al inicio de la obra. La irrupción sobre la propiedad privada terminó así afectando un espacio sobre el que existía una planificación habitacional concreta.

Hay además otro elemento que profundiza la discusión: según la información aportada sobre el relevamiento de los ocupantes, ninguno estaría inscripto en RUPROVI, el registro provincial destinado precisamente a quienes necesitan acceder a una solución habitacional. Tampoco figurarían en el relevamiento previo realizado por la Policía. Es decir, mientras miles de familias atraviesan los mecanismos formales, cumplen requisitos y esperan una respuesta, quienes protagonizaron la toma optaron por ingresar directamente a una propiedad ajena.

Dentro de ese mismo relevamiento se indicó que aproximadamente el 80% de los ocupantes serían extranjeros, y que ninguno tendría más de cinco años de residencia en Neuquén. La nacionalidad, naturalmente, no modifica el punto jurídico central ni convierte por sí misma a nadie en responsable de una irregularidad: el cuestionamiento concreto es la ocupación de una propiedad privada y el intento de obtener un terreno por fuera de los procedimientos establecidos.

“Nos cansamos de alquilar”: el argumento de los ocupantes

Quienes ingresaron al predio reconocieron que la convocatoria fue organizada previamente y que incluso habían pensado realizar la ocupación días después, pero decidieron adelantarla por la cantidad de familias interesadas.

“Somos vecinos autoconvocados, ya nos cansamos de alquilar, de esperar respuestas del IPVU sin ninguna solución”, explicó una de las personas instaladas en el lugar.

El argumento expone una necesidad habitacional que puede ser real, pero no otorga un derecho sobre una propiedad privada ni habilita a repartirla unilateralmente. El propio testimonio de los ocupantes confirma que comenzaron a organizar el espacio para que cada familia dispusiera de una porción similar.

“Los vamos acomodando mediante el predio porque es muy grande, que cada uno agarre por igual”, señalaron. También aseguraron que no pretendían apropiarse de los lotes para venderlos, sino utilizarlos porque los necesitaban.

Sin embargo, la discusión de fondo excede las motivaciones individuales. Aceptar que la necesidad permita apropiarse de un terreno ajeno significaría colocar en una situación de desigualdad a quienes esperan durante años, se registran y cumplen los procedimientos administrativos para acceder legalmente a una vivienda.

Los ocupantes también sostuvieron que el terreno estaba abandonado desde hacía más de diez años y mencionaron problemas de basura, iluminación y seguridad. Pero el eventual estado del inmueble no elimina el derecho de propiedad ni convierte automáticamente el terreno en un espacio disponible para ser ocupado.

La Justicia fue contundente: desalojo total

Frente a la denuncia presentada por el propietario, intervino el Ministerio Público Fiscal. El fiscal Juan Manuel Narváez requirió a la Policía provincial avanzar con el procedimiento luego de obtener la correspondiente autorización del juez de garantías Juan Manuel Kees.

La instrucción enviada a la Comisaría 12 establece que se deberá “proceder al desalojo total” del inmueble y fija un plazo máximo de 48 horas para concretarlo.

La disposición judicial también es clara respecto de qué debe ocurrir después: una vez desalojado, el terreno deberá ser inmediatamente restituido a su propietario.

En caso de encontrarse niños o adolescentes durante el operativo, se deberá dar intervención a los organismos correspondientes para garantizar su protección. La presencia de menores, por lo tanto, tendrá un abordaje específico sin alterar la orden judicial sobre el inmueble.

La resolución contradice además la posición que habían manifestado públicamente los ocupantes, quienes aseguraban que permanecerían en el lugar hasta conseguir una respuesta habitacional.

“No nos vamos a ir hasta que no nos den una solución”, habían advertido antes de conocerse la orden.