La decisión que cambió la votación: cómo Neuquén frenó la extranjerización de tierras

Lo que hasta hace pocos días parecía una de las reformas con mayores posibilidades de ser aprobada terminó quedando fuera del proyecto que debate el Senado. Y detrás de ese giro político hubo un actor que tomó la iniciativa antes que el resto: el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

Mientras el Gobierno nacional negociaba voto por voto para avanzar con la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de sus capítulos más sensibles comenzó a perder respaldo. Se trataba de la flexibilización de la normativa que limita la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que terminó convirtiéndose en un problema político incluso para los aliados habituales de la Casa Rosada.

El primer gobernador en fijar una posición pública fue Figueroa. Desde el interior de Neuquén, durante una actividad en Varvarco, anunció que había instruido a la senadora Julieta Corroza para votar en contra del capítulo referido a la extranjerización de tierras y dejó un mensaje que rápidamente comenzó a repercutir en el resto de las provincias.

"No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra", afirmó el mandatario, quien además recordó que el Ejecutivo provincial ya había enviado a la Legislatura un proyecto para que las tierras fiscales neuquinas solo puedan ser adquiridas por ciudadanos o personas jurídicas argentinas.

La definición política fue mucho más allá de una simple postura legislativa. Neuquén fue la primera provincia en marcar un límite claro sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto nacional.

El efecto Neuquén y el cambio del escenario político

La posición adoptada por Figueroa no quedó aislada.

Con el correr de las horas comenzaron a multiplicarse las dudas entre otros gobernadores que hasta ese momento habían acompañado buena parte de la agenda legislativa del presidente Javier Milei.

El costo político de respaldar una norma asociada a la venta de tierras a extranjeros comenzó a crecer rápidamente, especialmente en provincias donde el territorio representa mucho más que un activo económico.

Fue entonces cuando las senadoras Julieta Corroza (Neuquén), Flavia Royón (Salta) y Beatriz Ávila (Tucumán) comunicaron que no acompañarían ese capítulo del proyecto, reflejando la posición de sus respectivos gobiernos provinciales.

En conversaciones reservadas dentro del Senado, varios legisladores comenzaron a coincidir en un diagnóstico.

"La discusión ya no es técnica, es política", admitían puertas adentro mientras el oficialismo veía cómo la mayoría que creía asegurada empezaba a desarmarse.

La preocupación ya no pasaba únicamente por el contenido jurídico de la reforma, sino por el impacto que tendría en cada provincia aparecer respaldando una medida que buena parte de la sociedad interpretaba como una flexibilización para la venta de tierras a extranjeros.

El oficialismo eligió retroceder antes que perder

A medida que avanzaban las negociaciones también comenzaron a aparecer diferencias dentro del propio oficialismo.

Mientras algunos sectores insistían en mantener el capítulo, otros advertían que la falta de consenso podía poner en riesgo toda la sesión.

Finalmente, la Casa Rosada optó por retirar el apartado referido a la extranjerización de tierras antes de someterlo a votación, evitando así una derrota parlamentaria que habría tenido un fuerte impacto político.

El resultado dejó una conclusión evidente.

El pronunciamiento de Rolando Figueroa terminó anticipando una posición que luego fue adoptada por otros gobernadores y modificó completamente el escenario legislativo.

Neuquén puso el territorio por encima de la discusión ideológica

La posición neuquina encuentra explicación en la propia realidad de la provincia.

Neuquén concentra algunos de los recursos estratégicos más importantes de la Argentina. A la riqueza energética de Vaca Muerta se suman cuencas hídricas, zonas cordilleranas, áreas de frontera, potencial minero y un creciente desarrollo turístico.

En ese contexto, para el gobierno provincial la tierra no representa únicamente un activo económico, sino un recurso estratégico vinculado al desarrollo, la producción y la soberanía territorial.

Por eso el rechazo fue acompañado por una iniciativa provincial que busca impedir que las tierras fiscales neuquinas puedan ser adquiridas por extranjeros.

La definición política terminó transformándose en uno de los ejes centrales del debate nacional.