ENGANCHADOS VIP
Contundente denuncia penal de CALF por robo de energía en barrios privados de Neuquén
Los barrios privados más exclusivos de la ciudad de Neuquén quedaron en medio de un escándalo tras la denuncia penal presentada por la cooperativa CALF por robo de energía en forma deliberada por parte de algunos de sus propietarios. La entidad solicitó allanamientos en al menos cinco propiedades ubicadas en las zonas más costosas y apuntó directamente contra prácticas ilegales sostenidas en el tiempo.
Según informó la cooperativa, las maniobras detectadas distan de ser conexiones precarias o errores técnicos. Por el contrario, se trata de intervenciones complejas, con conexiones subterráneas directas y sistemas de bypass diseñados para evitar el registro de consumo en los medidores.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal y encuadra, en principio, en los delitos de hurto y robo contemplados en los artículos 162 y 164 del Código Penal. Además, CALF se constituyó como querellante en la causa, en una ofensiva judicial que busca sentar precedente.
Desde el equipo jurídico de la cooperativa fueron contundentes: “No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos”. En ese sentido, remarcaron que las viviendas involucradas cuentan con equipamientos de alto consumo, como sistemas de climatización de gran escala y piscinas climatizadas.
Lo que comenzó como una auditoría técnica en urbanizaciones privadas escaló rápidamente a una investigación penal. Ahora, la cooperativa busca que la Justicia autorice el ingreso a las propiedades para verificar instalaciones, identificar responsables y documentar el uso de artefactos alimentados por conexiones clandestinas.
Una causa con múltiples objetivos
La presentación judicial no se limita a la sanción económica. Desde CALF explicaron que la denuncia apunta a cuatro ejes centrales: terminar con la impunidad en el robo de energía, identificar a los responsables, verificar el uso interno de los sistemas eléctricos y alertar sobre los riesgos que estas conexiones ilegales representan para la seguridad pública.
En este último punto, advirtieron que las instalaciones clandestinas pueden generar fallas críticas en la red e incluso incendios, afectando a otros vecinos.
“La energía que unos pocos sustraen en barrios cerrados la terminan pagando los usuarios que cumplen mes a mes”, señalaron desde la conducción de la cooperativa, que además subrayó que “la exclusividad de un barrio no puede ser un escudo para la ilegalidad”.
Mientras la causa avanza, CALF confirmó que continuará aportando pruebas técnicas, actas y registros fotográficos, al tiempo que extenderá los operativos de control a otras zonas de la ciudad para evitar lo que consideran un sistema de privilegios en el acceso y pago del servicio eléctrico.
El comunicado de la cooperativa
Con el título de “Fraude eléctrico: CALF lleva a la justicia penal a los "enganchados VIP" y pide allanamientos”, el comunicado dado a conocer expresa textualmente:
La Cooperativa formalizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal tras detectar conexiones clandestinas en los barrios cerrados más exclusivos. Se solicita la intervención de la justicia para inspeccionar el interior de las propiedades y determinar la responsabilidad de los propietarios por el delito de hurto de energía.
Lo que comenzó como un operativo de auditoría técnica en urbanizaciones cerradas escaló al plano judicial. La Cooperativa, a través de su apoderado legal, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén, solicitó que se investigue la sustracción ilegítima de energía eléctrica en propiedades de alto poder adquisitivo.
La presentación judicial no solo busca la sanción económica, sino que constituye a la Cooperativa como parte querellante en una causa que, prima facie, encuadra en los delitos de hurto y robo (Art. 162 y 164 del Código Penal).
Dada la complejidad de las maniobras detectadas, que incluyen conexiones subterráneas directas y bypasses que evitaban los medidores, CALF solicitó al Juez de Garantías órdenes de allanamiento y registro para cinco propiedades ubicadas en los sectores más costosos de la ciudad,
"No se trata de un error técnico, sino de una voluntad deliberada de eludir el pago del servicio mientras se mantienen consumos intensivos, como grandes sistemas de climatización y piscinas calefaccionadas", señalaron desde el equipo jurídico de la Cooperativa.
Objetivos de la ofensiva judicial
La denuncia penal presentada busca cuatro puntos clave:
- Cese de la impunidad: Asegurar que el aprovechamiento de la energía, considerada un "bien" según el Código Civil y Comercial, sea penado como cualquier otro robo de propiedad.
- Individualización de responsables: Identificar a los ocupantes y propietarios que se beneficiaron del consumo irregular.
- Verificación interna: Constatar los artefactos de alto consumo (bombas, calderas, sistemas de riego) que eran alimentados por la red clandestina.
- Seguridad Pública: Documentar el riesgo de incendio y fallas críticas en la red que estas conexiones precarias generan para el resto de los vecinos del barrio.
Desde la conducción de CALF fueron tajantes: "La energía que unos pocos sustraen de forma clandestina en barrios cerrados la terminan pagando, los asociados que cumplen mes a mes con su factura. No vamos a permitir que la exclusividad de un barrio sea un escudo para la ilegalidad".
La Cooperativa confirmó que continuará aportando pruebas, actas técnicas y registros fotográficos al Fiscal interviniente, mientras los operativos de “Disciplina de Mercado” se extienden a otras zonas de la ciudad para garantizar que no existan privilegios en el acceso y pago del servicio eléctrico.
