Financiamiento universitario: qué puede pasar tras el fallo que obliga al gobierno a cumplir la Ley

La disputa por el financiamiento universitario sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno nacional había suspendido la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó cumplir con lo establecido por el Congreso.

El fallo se originó en los amparos presentados por los consejos interuniversitarios y la Universidad de Buenos Aires. Según explicó el abogado laboralista Federico Egea en el programa Nada sucede dos veces, por AM Cumbre 1400, la resolución judicial vuelve a poner en discusión el cumplimiento efectivo de una ley que había sido aprobada por el Congreso.

Para Egea, el punto central del conflicto es que el Poder Ejecutivo debe cumplir una norma que fue ratificada por el Congreso de la Nación.

¿Qué establece el fallo sobre el financiamiento universitario?

De acuerdo con el análisis realizado por Egea, el juez Cormick declaró inconstitucional el decreto y ordenó al Gobierno cumplir con los términos de la Ley de Financiamiento Universitario.

El abogado destacó particularmente los artículos 3, 4 y 5, vinculados con la actualización presupuestaria y el incremento de los salarios docentes.

La situación se remonta a la sanción de la ley, su posterior veto por parte del Gobierno y la insistencia del Congreso en su aprobación. Luego, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 759 de 2025, mediante el cual suspendió la aplicación de la norma.

Para Egea, el argumento utilizado para suspenderla, basado en la Ley de Administración Financiera y Control, fue declarado inconstitucional por la Justicia.

¿El Gobierno va a apelar el fallo?

Este es uno de los puntos centrales para determinar qué ocurrirá ahora con el financiamiento de las universidades públicas.

Según Egea, el Gobierno podría apelar la decisión judicial. En ese caso, el conflicto no quedaría resuelto inmediatamente, sino que debería continuar en las instancias judiciales correspondientes.

“Tendremos que seguir esperando pronunciamientos de la Cámara y luego, eventualmente, de la Corte”, explicó el abogado durante la entrevista.

Por ese motivo, consideró que el proceso podría extenderse durante un período prolongado y cuestionó que el Poder Ejecutivo pueda continuar postergando el cumplimiento efectivo de la ley mientras se desarrollan las distintas instancias judiciales.

Qué puede pasar con el financiamiento universitario

El escenario planteado por Egea tiene dos posibilidades principales.

Por un lado, el Gobierno podría acatar el fallo y avanzar con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo las disposiciones referidas a la actualización presupuestaria y los salarios docentes.

Por otro, el Ejecutivo podría apelar la decisión, lo que llevaría la discusión a la Cámara y eventualmente a la Corte Suprema, prolongando la definición sobre la aplicación efectiva de la norma.

Egea consideró que allí aparece uno de los principales problemas institucionales: la posibilidad de que una decisión política quede sujeta durante un período prolongado a las distintas etapas del control judicial.

El abogado advirtió por una posible demora en el cumplimiento

Durante la entrevista, Egea sostuvo que el conflicto excede la discusión puntual sobre el presupuesto universitario y se vincula con la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.

Según su interpretación, existe una estrategia basada en avanzar con determinadas medidas y esperar posteriormente el resultado de los controles judiciales.

“Yo no cumplo, después me sacaré un fallo en contra, lo apelaré, veré qué pasa”, resumió al explicar la lógica que, a su entender, está detrás de este tipo de situaciones.

Para el abogado, esto genera una demora en el cumplimiento de las leyes y plantea un problema institucional porque, cuando finalmente llega una resolución judicial, parte de las medidas cuestionadas ya fueron ejecutadas.

Qué son las astreintes y cómo podrían aplicarse

Otro de los puntos mencionados durante la entrevista fue la posibilidad de que el juez aplique astreintes si persiste el incumplimiento de su resolución.

Las astreintes son multas que pueden establecerse por cada día de demora en el cumplimiento de una orden judicial.

Egea señaló que el propio juez habría advertido en su resolución que podría recurrir a este mecanismo en caso de que el incumplimiento continúe.

Sin embargo, el abogado planteó una crítica respecto de quién terminaría afrontando económicamente esa eventual sanción: “La vamos a pagar los contribuyentes”, sostuvo.

Una disputa que excede a las universidades

Para Egea, el conflicto por el financiamiento universitario forma parte de una discusión institucional más amplia.

El abogado sostuvo que el Gobierno de Javier Milei ha recurrido de manera sistemática a decretos de necesidad y urgencia y que varias de sus decisiones terminaron judicializadas.

En ese contexto, consideró que los controles constitucionales llegan en algunos casos demasiado tarde, permitiendo que determinadas medidas se apliquen antes de que exista una resolución definitiva sobre su legalidad.

Como ejemplo, mencionó el debate en torno a los decretos de necesidad y urgencia y el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

“Estamos sin control institucional”, sostuvo Egea

El abogado fue particularmente crítico respecto del funcionamiento de los mecanismos institucionales de control.

“Hay una fragilidad institucional terrible”, afirmó durante la entrevista, al cuestionar que el Gobierno pueda adoptar determinadas decisiones y que posteriormente su legalidad sea discutida durante largos períodos en los tribunales.

Según su análisis, esta situación tiene una consecuencia directa sobre la ciudadanía porque las políticas públicas que se implementan durante esos períodos pueden traducirse en pérdida o modificación de derechos.

En ese sentido, consideró que la disputa por el financiamiento universitario no debe analizarse solamente como un conflicto presupuestario, sino también como parte de una discusión sobre el funcionamiento de las instituciones.

El financiamiento universitario queda ahora en manos de la Justicia

La resolución del juez Cormick vuelve a colocar al financiamiento universitario en el centro de la agenda política y judicial.

El punto clave será conocer qué decisión adopta el Gobierno frente al fallo: si cumple con la orden judicial o si presenta una apelación para llevar la discusión a una instancia superior.

Mientras tanto, de acuerdo con el análisis de Federico Egea, la eventual apelación podría extender los tiempos de definición y mantener abierta la disputa sobre la actualización del presupuesto universitario y los salarios docentes.

La discusión, por lo tanto, todavía no está cerrada. El fallo representa una decisión favorable al reclamo universitario, pero el camino judicial que pueda seguir la resolución será determinante para saber cuándo y cómo se aplicarán efectivamente las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

Claves del conflicto

• El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que suspendía la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
• La resolución ordena al Gobierno cumplir con la ley aprobada por el Congreso.
• Los artículos mencionados en la entrevista establecen disposiciones sobre actualización presupuestaria e incremento de los salarios docentes.
• El Gobierno podría apelar el fallo.
• Si apela, la discusión podría continuar ante la Cámara y eventualmente llegar a la Corte Suprema.
• El juez advirtió sobre la posibilidad de aplicar astreintes si persiste el incumplimiento.
• Para Federico Egea, la demora en los controles judiciales genera un problema institucional que excede la discusión universitaria.