Reforma de la Ley de Tierras: cuáles son los cambios que impulsa el Gobierno y por qué generan preocupación

La reforma de la Ley de Tierras volvió a instalarse en el centro del debate político. El proyecto que impulsa el Gobierno nacional busca modificar el régimen vigente que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y, según distintos sectores, podría representar un cambio profundo en la administración de recursos considerados estratégicos.

En una entrevista en el programa Nada sucede dos veces, que se emite por AM Cumbre 1400, el abogado ambientalista Lucas Micheloud analizó el alcance de la iniciativa, explicó el origen de la legislación actual y sostuvo que la propuesta debe interpretarse dentro de un proceso más amplio de desregulación económica.

Qué establece la actual Ley de Tierras

Micheloud recordó que la Ley de Tierras fue sancionada en 2011 en un contexto internacional marcado por el denominado "acaparamiento de tierras", un fenómeno impulsado por grandes corporaciones y Estados interesados en acceder a territorios con recursos naturales estratégicos.

Según explicó, la norma nunca prohibió la inversión extranjera en el país, sino que fijó límites y restricciones para evitar una concentración excesiva de la propiedad rural.

Entre los principales puntos de la legislación vigente mencionó:

• la prohibición de adquirir tierras ubicadas en zonas de frontera;
• la imposibilidad de comprar inmuebles que contengan cuerpos de agua como lagos, lagunas, ríos y arroyos;
• un límite del 15 % de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental;
• un máximo de mil hectáreas por persona extranjera en la denominada zona núcleo.

El abogado recordó además que la ley continúa vigente gracias a una resolución judicial que dejó sin efecto la derogación incluida en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Qué cambios propone la reforma

De acuerdo con Micheloud, el proyecto oficial elimina buena parte de esas limitaciones.

Entre otras modificaciones, señaló que desaparecería el límite de mil hectáreas por persona extranjera y volvería a habilitarse la adquisición de tierras con cuerpos de agua y de inmuebles ubicados en zonas de frontera.

"Ya existen antecedentes como el caso de Lago Escondido. La discusión es si ese modelo puede multiplicarse en otras regiones del país", planteó durante la entrevista.

El especialista también cuestionó una de las modificaciones incorporadas recientemente por el oficialismo para intentar obtener respaldo legislativo.

Según explicó, el proyecto propone elevar del 15 % al 25 % el límite de tierras extranjerizadas por provincia.

Sin embargo, sostuvo que ese porcentaje resulta engañoso porque el verdadero análisis debería realizarse por departamento.

"Hoy existen 36 departamentos argentinos que ya superan el 15 % de tierras en manos extranjeras y algunos alcanzan incluso el 50 % o el 60 %", afirmó.

Recursos estratégicos, agua y geopolítica

Uno de los principales ejes planteados por Micheloud fue el contexto internacional en el que se discute la reforma.

El abogado consideró que actualmente existe una fuerte competencia global por el acceso a recursos naturales estratégicos como el agua, el litio, los minerales críticos, los bosques y otros ecosistemas esenciales.

"Quien controla la tierra también controla los recursos que contiene", resumió.

En ese marco, advirtió que la modificación de la ley no puede analizarse únicamente desde una perspectiva inmobiliaria, sino también desde la seguridad hídrica, ambiental y geopolítica.

La relación con el RIGI y el paquete de reformas

Durante la entrevista, Micheloud sostuvo que la reforma de la Ley de Tierras forma parte de un conjunto de iniciativas impulsadas por el Gobierno.

Entre ellas mencionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto conocido como "Super RIGI", las modificaciones propuestas para la Ley General de Sociedades, la reforma vinculada al régimen de datos societarios y los cambios previstos en otras normas relacionadas con desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.

A su entender, todas esas medidas conforman un mismo esquema de desregulación destinado a facilitar grandes inversiones y reducir la capacidad regulatoria del Estado.

"Una nueva dinámica de colonialismo"

Consultado sobre el contexto político internacional, Micheloud afirmó que el avance de este tipo de reformas responde a un proceso global caracterizado por la concentración de la riqueza y de los recursos naturales.

En ese sentido, consideró que existe una "nueva dinámica de colonialismo", impulsada por grandes grupos económicos y tecnológicos, que busca ampliar el acceso a territorios considerados estratégicos para el desarrollo de proyectos extractivos, energéticos y tecnológicos.

Finalmente, sostuvo que el debate sobre la Ley de Tierras excede una discusión jurídica y plantea interrogantes sobre el modelo de desarrollo, la soberanía sobre los recursos naturales y el rol que deberá asumir el Estado frente a las inversiones de gran escala.