Sorteo aleatorio, resultado confidencial y sanción inmediata: el sistema que controla a los funcionarios neuquinos

La provincia del Neuquén se convirtió en una de las pioneras a nivel nacional en implementar controles periódicos de consumo de sustancias psicoactivas para funcionarios públicos de alta jerarquía. Tras la publicación del Decreto 234/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa, quedó reglamentada la Ley 3531 y comenzaron operativamente los primeros exámenes toxicológicos obligatorios y sorpresivos dentro de la estructura del Poder Ejecutivo provincial.

Los primeros sorteos aleatorios ya se realizaron para determinar qué funcionarios debían presentarse a los laboratorios autorizados. Una vez notificados, los seleccionados disponen de un plazo máximo de 24 horas para someterse a la toma de muestras, garantizando el factor sorpresa que establece la norma. Los primeros controles ya se llevaron a cabo.

Cabe recordar que durante 2025, el propio gobernador Figueroa y las máximas autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se sometieron a análisis toxicológicos de manera voluntaria para impulsar la iniciativa. Ahora, el nuevo marco normativo convierte esos controles en una obligación ineludible para quienes ejercen los cargos más altos del Estado.

Quiénes están alcanzados y qué sustancias se detectan

La reglamentación fija que los exámenes constituyen un requisito indispensable para la permanencia en los cargos y alcanzan de manera homogénea a ministros, secretarios, diputados provinciales y directores de organismos autárquicos de los tres poderes del Estado.

El protocolo se realiza mediante muestras de orina y busca identificar el consumo reciente de cocaína y derivados cannábicos, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos sin prescripción médica. El organismo encargado de administrar los sorteos es el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN), que trimestralmente selecciona al 12,5% del universo total de funcionarios obligados, garantizando que a lo largo del año la totalidad del plantel jerárquico sea evaluado bajo condiciones de azar y transparencia.

La normativa es estricta respecto al cumplimiento: la negativa injustificada o la no presentación dentro de las 24 horas se considera automáticamente como un resultado positivo, activando de inmediato los mecanismos de sanción y remoción. Ante un resultado preliminar positivo, el funcionario tiene la facultad de solicitar un test confirmatorio sobre una segunda muestra de resguardo debidamente lacrada. Quienes estén bajo tratamientos farmacológicos deben presentar la prescripción e historia clínica correspondiente dentro de las 48 horas posteriores al examen.

Un aspecto destacado del sistema es su impacto en las arcas públicas: el costo de los análisis no es absorbido por el Estado, sino que se debita directamente de los haberes mensuales del funcionario evaluado.